Constitucionalistas de renombre como Daniel Sabsay y Andrés Gil Domínguez advirtieron que el DNU de Javier Milei es «inconstitucional» y otorga facultades de «policía secreta» a los agentes de inteligencia. El CELS llevará el reclamo a la Justicia.

La publicación del Decreto 941/2025 este 2 de enero ha desatado una tormenta en el mundo del Derecho. La medida, que reforma la Ley de Inteligencia por decreto, no solo elude el debate en el Congreso, sino que introduce un punto que genera escalofríos entre los juristas: la facultad de la SIDE para detener personas en la vía pública.

Los puntos más críticos del DNU:

• Detenciones discrecionales: El artículo 19 permite a los espías aprehender ciudadanos bajo el vago concepto de «actividades de inteligencia». Los expertos advierten que esto permite detenciones sin que medie la orden de un juez.
• Materia Penal por DNU: Constitucionalistas recordaron que el artículo 99 de la Constitución prohíbe taxativamente al Ejecutivo dictar decretos de necesidad y urgencia en materia penal.
• Superpoderes para Adorni: Se crea la Dirección Nacional de Ciberseguridad bajo la órbita del vocero presidencial, Manuel Adorni, concentrando el control de la información digital.

La palabra de los expertos: El Dr. Daniel Sabsay fue tajante al calificar la medida como una «aberración» y una «violación fragante de la división de poderes». Por su parte, Andrés Gil Domínguez calificó la iniciativa de «neofascista» y advirtió que recrea las «épocas más oscuras de la dictadura militar».

Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) confirmaron que realizarán una presentación judicial en los próximos días. Denuncian que la reforma convierte a la SIDE en una «policía secreta» con capacidad para vigilar y perseguir a opositores, prensa y movimientos sociales bajo el amparo del secreto de Estado.

Debilitamiento institucional: Para los juristas, que el personal de inteligencia pueda detener personas sin identificación ni orden judicial previa rompe el pacto democrático de las últimas décadas y deja a los ciudadanos en «tierra de nadie», al eliminar el control que históricamente deben ejercer los jueces sobre las fuerzas de seguridad.