En 1902, Argentina formuló uno de los principios más influyentes de su política exterior: la Doctrina Drago. En un contexto de bloqueo naval europeo contra Venezuela por deudas impagas, el canciller Luis María Drago sostuvo que ningún Estado extranjero podía usar la fuerza militar para cobrar deudas públicas a otro Estado soberano. El principio era claro: aun cuando el reclamo fuera legítimo, la soberanía y la no intervención estaban por encima del interés del acreedor.

Ese posicionamiento no defendía gobiernos, sino reglas. No juzgaba la calidad institucional de Venezuela ni la legitimidad de sus autoridades. Defendía un orden internacional basado en el derecho, no en la fuerza. Durante más de un siglo, ese criterio fue un eje relativamente estable de la diplomacia argentina, con matices, incluso cuando el país cuestionó políticamente al gobierno venezolano.

Esa tradición se mantuvo, por ejemplo, cuando la Argentina apoyó reclamos diplomáticos y sanciones multilaterales contra el chavismo, pero rechazó explícitamente las intervenciones militares o acciones unilaterales extranjeras, aun frente a graves violaciones institucionales. La lógica era coherente con Drago: condenar al régimen no habilita el uso de la fuerza externa.

La postura actual del gobierno de Javier Milei marca una ruptura profunda con esa línea histórica. El respaldo explícito —o el aplauso político— a un ataque de Estados Unidos contra Venezuela, incluyendo la captura de su presidente, supone aceptar que una potencia extranjera puede intervenir militarmente y decidir el destino de otro Estado, si considera justificada su causa. Ya no importa el principio; importa el alineamiento.

Aquí está el punto central: la Doctrina Drago se pensó precisamente para los casos en que el reclamo es justo. Si la deuda era ilegítima, el problema era menor. El verdadero límite ético y jurídico era impedir que la fuerza reemplazara al derecho. Celebrar una intervención, aun contra un gobierno autoritario, implica abandonar ese límite.

No se trata de defender a Maduro ni de negar los abusos del régimen venezolano. Se trata de una pregunta más incómoda:
¿qué queda de la soberanía argentina si aceptamos que las potencias pueden intervenir cuando “tienen razón”?

Argentina pasó de ser un país que proponía reglas para contener al poder, a uno que aplaude al poder cuando coincide ideológicamente con él. Ese no es solo un cambio de gobierno: es un cambio de doctrina. Y, posiblemente, una renuncia a una de las contribuciones más sólidas que el país hizo al derecho internacional.

R. P. | Opinión