Buenos Aires.– En medio del debate legislativo por la reforma del régimen penal juvenil, organismos de la Iglesia católica argentina difundieron una carta abierta en la que rechazaron la propuesta oficial de bajar la edad de imputabilidad —de 13 a 16 años— y advirtieron que la medida “no resuelve el problema de la inseguridad, sino que lo profundiza”.
El documento fue elaborado por las comisiones episcopales de Pastoral Social, Pastoral Carcelaria y Cáritas Argentina, que pidieron a los legisladores promover un debate “serio y responsable”, con base en evidencia empírica y experiencia territorial con adolescentes en contextos vulnerables.
Críticas al enfoque punitivo
En la carta —titulada “Bajar la edad no baja el delito. Más educación, más oportunidades, más esperanza”— los obispos señalaron que reducir la edad penal constituye una respuesta simplista frente a problemas estructurales complejos y alertaron sobre el uso político del dolor social para impulsar reformas de alto impacto mediático.
Además, advirtieron que el ingreso temprano al sistema penal no ha demostrado reducir la criminalidad, y que el actual sistema penitenciario carece de condiciones para garantizar procesos reales de reinserción social en niños y adolescentes.
El texto cuestiona consignas como “delito de adulto, pena de adulto”, al remarcar que el desarrollo neurológico adolescente limita el control de impulsos, lo que exige enfoques diferenciados desde el punto de vista jurídico y social.
Datos y argumentos presentados
Las organizaciones eclesiásticas sostuvieron que la participación de adolescentes en delitos graves es baja y que la mayoría de los procesos penales vinculados a menores corresponden a delitos contra la propiedad. Asimismo, advirtieron que proyectos de este tipo podrían generar conflictos con tratados internacionales de derechos humanos y con el principio de no regresividad en materia de protección infantil.
También alertaron sobre la falta de recursos estatales para implementar reformas profundas y denunciaron un escenario de creciente desfinanciación de políticas sociales, lo que —según afirman— dificulta cualquier estrategia preventiva seria.
Propuestas alternativas
Lejos de plantear la inacción, los firmantes sugirieron reforzar políticas públicas integrales:
- fortalecimiento del sistema de protección de derechos y de los juzgados de Familia para menores de 16 años;
- inversión urgente en educación, inclusión social y tratamiento de adicciones;
- implementación de modelos de justicia restaurativa para adolescentes mayores, orientados a la reparación del daño y a la reducción de la reincidencia.
Los obispos llamaron además a evitar la “cultura del descarte” y a no instalar la idea de que los niños son peligrosos por naturaleza, sino víctimas de contextos de exclusión y violencia estructural.
Un debate abierto
La discusión sobre la edad de imputabilidad se intensificó en el Congreso nacional con proyectos que buscan modificar el régimen penal juvenil y reducir la edad mínima, lo que generó posicionamientos enfrentados entre sectores políticos, especialistas y organizaciones sociales.
En su conclusión, la carta abierta sostiene que el país enfrenta una disyuntiva clave: profundizar respuestas punitivas o avanzar hacia políticas que aborden las causas profundas de la violencia desde la inclusión social y comunitaria.
Fuentes:
– Agencia Informativa Católica Argentina (AICA), carta abierta “Bajar la edad no baja el delito”, 9 de febrero de 2026.
– Diario La Nación, cobertura sobre el documento de comisiones episcopales y debate por el régimen penal juvenil (2026).
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